Cual si fuéramos un reino o si nos quisieran convertir en una dinastía, se ha presentado la candidatura de Marta Linares de Martinelli a vicepresidenta de la República, respaldada por la coalición de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, lo que ha generado un debate legal y político en Panamá. Los más han expresado su preocupación debido a las posibles violaciones a la Constitución y el Código Electoral que esta postulación podría conllevar.
Según la normativa vigente, no pueden ser candidatos aquellas personas que tengan vínculos familiares dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad. Esto incluye relaciones como padres e hijos, abuelos, tíos y cónyuges. La interpretación de la Corte Suprema de Justicia en 2015 estableció que el cónyuge se encuentra dentro de esta restricción. Esta regla tiene sentido en un sistema democrático, ya que busca evitar que el poder se concentre en una misma familia, lo que sería contrario a los principios democráticos.
Uno de los principales argumentos de quienes cuestionan esta candidatura se basa en el artículo 197 de la Constitución, que prohíbe nombrar como ministros de Estado a parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Dado que se entiende que la vicepresidenta tiene derecho a participar en el Consejo de Gabinete, aunque sin derecho a voto, el impedimento constitucional se extendería a su candidatura como vicepresidenta.
Además, el Código Electoral establece que los candidatos a presidente y vicepresidente de la República deben cumplir con los requisitos y no estar comprendidos dentro de los impedimentos de inelegibilidad señalados en la Constitución.
Este debate plantea cuestionamientos importantes sobre la conformidad de esta postulación con los principios democráticos y la separación de poderes en Panamá.
Pero eso lo digo solo por joder!
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